Con un adecuado marco legal, que tome en cuenta sus particularidades, los despachos acuícolas se multiplicarían por 5 en 10 años, convirtiéndose en otro motor de la recuperación del país, señaló el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Asociación de Exportadores (ADEX), José Ernesto Muñoz.
En su intervención en el conversatorio ‘La legislación peruana como ventana de oportunidades para el comercio exterior’, realizado en el Congreso de la República, indicó que impulsar esa actividad debe ser una política de Estado, pues solo así se logrará una industria competitiva que genere más empleo formal y descentralizado.
«La norman como si los productores fueran grandes empresas, las consideran grandes antes que nazcan. Se limitan y restringen las iniciativas antes de permitirles establecerse y generar una industria sólida. Este rubro recién está despegando a nivel nacional, produciendo apenas el 5% o 10% de nuestros vecinos como Chile y Ecuador», enfatizó Muñoz.
En efecto, en el 2020, mientras Chile despachaba a los mercados internacionales productos acuícolas por US$ 4 mil 146 millones y Ecuador por US$ 1,030 millones, Perú lo hizo por US$ 402 millones, pese a su enorme potencial.
Barreras
El representante de ADEX manifestó que las compañías dispuestas a invertir en ese rubro se encuentran con barreras demasiado altas, entre ellas, un régimen tributario inadecuado, leyes laborales no acordes con la realidad y niveles de fiscalización altísimos que dificultan el trabajo productivo de las compañías.
«No tenemos miedo a la fiscalización, pues cumplimos con todos los requisitos establecidos; sin embargo, la sobrefiscalización nos lleva a ineficiencias, se pierde tiempo al estar sometidos a procesos y revisiones permanentes de varias autoridades que finalmente fiscalizan lo mismo», acotó.
Respecto al tema laboral, los trabajadores de la acuicultura –añadió– se encuentran en el régimen laboral general a pesar de tratarse de una actividad estacional y con características distintas.
José Ernesto Muñoz recordó que la acuicultura fue considerada dentro de la Ley de Promoción Agraria N° 27360 (año 2019), sin embargo, al ser derogada un año después, los beneficios quedaron nulos y el impulso al desarrollo de esta actividad se interrumpió.
Añadió que las exportaciones podrían multiplicarse por 5 en los siguientes 10 años, si se asume como un ‘desafío país’, el devolverle la competitividad, por ello, expresó su disposición para reunirse con las distintas comisiones del Congreso de la República y aportar, en base a la experiencia, en la elaboración de normas con sustento técnico que beneficien a la población.
«Todos queremos más empleos formales, trabajos dignos con remuneraciones justas, generar inversiones en zonas aisladas y mayor recaudación fiscal por aumento de la base tributaria», finalizó.
