Por: Milthon B. Lujan Monja
La acuicultura en el Perú es una actividad económica que no se le presta la debida atención en el ámbito político, a pesar de sus potencialidades para contribuir con la seguridad alimentaria y el desarrollo de las zonas rurales más vulnerables.
Hace unos meses el gobierno peruano aprobó la Ley General de Acuicultura (Decreto Legislativo No 1195) y recientemente el Ministerio de la Producción publicó la propuesta de reglamento de la Ley General de Acuicultura. Después de un primer análisis podemos concluir que se ha elaborado una “nueva ley para que todo siga igual”; a pesar del cambio de nombre a los niveles de producción acuícola, todo lo demás es lo mismo. No se observa el rol del Estado como promotor de la actividad acuícola.
Ordenamiento de la acuicultura
Uno de los principales vacíos en el tema de ordenamiento acuícola es como, el ordenamiento acuícola se articula con otros procesos de ordenamiento territorial y ordenamiento marino costero que deben ser impulsados por el gobierno central y los gobiernos locales. Esto con la finalidad de evitar el surgimiento de conflictos por el uso de espacios o recursos hídricos.
Categorías productivas
La Acuicultura de Recursos Limitados no se podrá realizar en ambientes marinos. Esto representa un vacío debido a que eventualmente los pescadores podrían incursionar en el cultivo de macroalgas o peces marinos en jaulas donde no se requieren de extensiones significativas.
Asimismo, el nuevo reglamento incluye a los centros de producción de semilla y el cultivo de peces ornamentales como Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE). Al respecto, creo que deberíamos clasificar a los centros de producción de semilla y el cultivo de ornamentales de acuerdo a su capacidad de producción, por que estaríamos impidiendo que muchos productores no desarrollen acuicultura de ornamentales en sus “patios traseros”, solo vasta con conocer la experiencia de muchos países asiáticos donde el cultivo de peces ornamentales es una actividad de subsistencia, pero que permite complementar los ingresos familiares.
Catastro Acuícola Nacional
El Catastro Acuícola Nacional se ha convertido en una herramienta fundamental de la gestión de las áreas acuícolas en el Perú, pero el problema no radica en la herramienta sino en la información que se recoge. Lamentablemente muchas de las “áreas con potencial acuícola” tienen que se evaluados por el mismo productor y esperar la buena fe de las autoridades para que lo habiliten. Al respecto, PRODUCE debería asumir su rol promotor y ejecutar una serie de estudios de habilitación y ambientales para definir de una vez “parques” o “barrios” acuícolas en áreas marinas y continentales, y articulados con los planes de ordenamiento territorial. Esto permitirá que el potencial inversionista en acuicultura solo llegue a instalarse.
La existencia de “parques” o “barrios” acuícolas también nos permitiría reducir los tramites burocráticos, como por ejemplo los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Es ilógico, sobre todo en cuerpos de agua marinos, pedir a cada concesión marina ubicadas en una zona marina (por ejemplo una bahía, ensenada, etc) un EIA, considerando que comparten el mismo espacio físico y están directamente vinculadas una con otra debería elaborarse un EIA para toda la zona, en donde se establezca las condiciones de producción considerando la capacidad de carga del ecosistema, especie a cultivar y el programa de gestión ambiental de cada empresa instalada o que pretenda instalarse.
Investigación, desarrollo e innovación
En este capítulo, el reglamento se esta olvidando de uno de los principales actores en la investigación: las universidades. Aun cuando IMARPE es el llamado a articular los esfuerzos de investigación, es importante indicar que el aporte de esta institución en cuanto a investigación en acuicultura es muy poco. En los últimos años, las universidades son las que se han convertido en los actores más importantes en la investigación acuícola, a través de sus programas de pre y postgrado.
El reglamento debe incluir alguna estrategia para articular las capacidades en infraestructura, equipamiento y capital humano de las universidades, centros de investigación, IMARPE, IIAP, CITEs bajo el marco del Programa Nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Acuicultura, con la finalidad de evitar duplicidad de esfuerzos y optimizar el uso de los recursos.
A manera de conclusión
Más que las leyes o reglamentos lo que va a garantizar el desarrollo del sector acuícola peruano son las políticas claras, y funcionarios que ejercen un verdadero liderazgo para garantizar el rol promotor del Estado. Lamentablemente, este período de gobierno que termina, podemos resumirlo como cinco años perdidos para el sector.
