Guayaquil, Ecuador.- El anuncio emitido por el Gobierno Nacional sobre los cambios en la estructura del Estado, en el que se prevé la eliminación del Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), genera el rechazo del sector camaronero ecuatoriano.
La intención es considerada como un retroceso, al pretender que el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, asuma competencias adicionales de dos importantes sectores exportadores, que juntos representan más 5% del Producto Interno Bruto del país.
“Reconocemos la buena intención de las autoridades para buscar optimizar el gasto público mediante este tipo de decisiones; sin embargo, la eliminación del MAP significaría reducir los recursos designados para la institucionalidad de las actividades pesqueras y acuícolas, lo que pone en riesgo a las exportaciones, considerando que sólo el sector camaronero aporta más de USD 3,038 por concepto de exportación según cifras del Banco Central y genera alrededor de 261.000 plazas de trabajo directas e indirectas”, indicó José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.
Además, advierte la importancia de mantener la gestión de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad (SCI), en el marco de una inspección sanitaria de la Unión Europea a Ecuador que se realizará en los próximos días. “Nuestro producto debe cumplir con rigurosas normas sanitarias de inocuidad y de trazabilidad en sus mercados de destino y esto es lo que se ha venido trabajando durante los últimos 15 meses con la entidad” recalcó Camposano.
Felicita la designación de Xavier Lazo, como ministro de Agricultura y Ganadería, para corregir el abandono que el sector agrícola ha sufrido en los últimos años, pero considera que no es óptimo que asuma las competencias de acuacultura y pesca, sectores que requieren de un tratamiento diferente y especializado, tal como lo determinó el Presidente Lenin Moreno el 24 de mayo de 2017 al Decretar la creación del MAP.
El sector camaronero pide a las autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES y del Ministerio de Economía y Finanzas, diálogo y reconsideración de esta decisión trascendental, que, de ejecutarse, podría debilitar el aparato productivo acuícola y pesquero del país.
