Lima, Perú.- La World Wildlife Fund (WWF) y el Instituto del Perú de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) acaban de publicar el estudio: “La anchoveta peruana y los retos para su sostenibilidad”, en donde se analiza el marco regulatorio de la anchoveta y su impacto sobre la sostenibilidad del recurso.
El estudio fue elaborado por Carlos Paredes Lanatta, presidente de Intelfin y docentes de la USMP, y por Úrsula Letona Pereyra, asociada del Estudio Luis Echecopar García.
En el documento se presenta de forma explícita la estructura de incentivos generada por las principales normas que regulan al sector y el comportamiento de los agentes.
Además, los investigadores verifican que la política y normativa pesqueros de los últimos veinte años ha carecido de coherencia interna y es poco predecible. Ellos indican que al no plantearse metas claras para la sostenibilidad de la pesquería, en lugar de fortalecer la sostenibilidad del recurso, lo han puesto en peligro.
El documento incluye análisis de los regímenes de acceso a la pesquería y derechos de pesca, pesca y descarte de juveniles, plantas de procesamiento de harina residual y reaprovechamiento de descartes y residuos sólidos, sistemas de control y vigilancia, régimen de sanciones, caracterización de la normativa y gobernanza del sector, y, conclusiones y recomendaciones de política.
Los investigadores presentan las siguientes propuestas:
a. el objetivo central de la política pesquera debe ser simple y estable en el tiempo: “Promover el desarrollo sostenible y eficiente de nuestras pesquerías” y no incorporar objetivos que escapan al ámbito del sector;
b. para asegurar la sostenibilidad se debe fomentar la investigación y el monitoreo permanente del mar, las decisiones de política deben basarse en recomendaciones científicas independientes y sólidas;
c. se debe terminar con la ficción de separar la flota para CHI y para CHD, para lo cual será necesario adecuar primero la regulación, los sistemas de seguimiento, control y vigilancia, y, por ende, la institucionalidad sectorial, que a futuro permitan contar con un régimen de cuota global y cuotas individuales de captura para todo el sector;
d. todo agente económico que aprovecha y explota los recursos hidrobiológicos debe pagar por ello un derecho de pesca que cubra, cuando menos, todos los costos de administración de la pesquería;
e. modificar la normativa respecto a la pesca de juveniles, a fin de incentivar el reporte oportuno de las capturas, eliminando los incentivos que promueven los descartes en el mar, contribuyendo con ello al cierre efectivo de zonas de pesca de manera oportuna y sancionando gravosamente a aquellos infractores que reincidan
pescando en zonas cerradas;
f. reforzar las acciones de control y fiscalización en toda la cadena de procesos que realizan las plantas industriales, de todo tamaño y tipo, ampliando dichas acciones a las plantas residuales y de reaprovechamiento de residuos sólidos;
g. revisar la estructura del diseño organizacional del SISESAT y hacer efectiva la legislación, obligando a todos los actores económicos a tener instalado a bordo un sistema de seguimiento satelital o similar;
h. modificar integralmente el régimen de sanciones a fin de que estas puedan efectivamente ejecutarse y constituirse en herramientas disuasivas de las conductas que se buscan eliminar; y
i. reformar y ordenar la institucionalidad del sector, separando las funciones de fiscalización y control (el área más crítica de PRODUCE) a través de la creación de una Superintendencia Nacional de Pesca, de aquellas funciones propias de regulación, promoción y política sectorial, que sí deberían permanecer bajo un Viceministerio de Pesquería.
