Panamá.- La República de Panamá ratificó oficialmente el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en el problema de la pesca ilegal, el cual es promovido por la FAO.
En el marco de las actividades de conmemoración del Día Mundial de la Pesca, Angélica Jácome, Representante Permanente de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), depositó ante el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, el instrumento de adhesión al acuerdo que entró en vigor en julio de 2016.
Panamá tiene jurisdicción sobre 4.3 veces más territorio en mar que en tierra firme. En materia de agua dulce, cuenta con más de 52 cuencas hidrográficas y cerca de mil kilómetros cuadrados de lagos y embalses.
Esto contribuye a que Panamá sea el productor y consumidor de pescados y mariscos más grande de Centroamérica y que en el país un estimado de 34 mil personas se dediquen a actividades económicas derivadas de la pesca y la acuacultura.
El Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto busca combatir todos los tipos de pesca ilegal a través de medidas prácticas de inspección que aseguran la procedencia legal de los productos pesqueros, con miras a contribuir a la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de los recursos y ecosistemas marinos.
Al sumarse a este acuerdo, Panamá es uno de los primeros 6 países de América Latina y el Caribe que ya han ratificado su adopción y actualmente aplican estas medidas para garantizar la gestión sostenible de sus recursos pesqueros y acuícolas.
Responder a la amenaza
Según la FAO, la pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, por sus siglas en inglés) representa la mayor amenaza para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo.
Según este Acuerdo, un buque extranjero que solicita hacer uso de un puerto en un país que lo ha ratificado deberá someter a revisión la carga de productos pesqueros, para comprobar que las zonas, equipo de pesca, volúmenes de captura y especies han sido autorizadas.
De igual forma, existe la obligación de informar si ha o le han efectuado transbordos de producto en alta mar, además de contar con documentación relativa al pabellón y el registro de embarcación en cumplimiento con los acuerdos internacionales. Si no se cumplen estos requisitos el país tiene derecho a negar el uso del puerto, alertando a las autoridades y organizaciones regionales de ordenación pesquera.
Aunque aún no existen datos regionales sobre el impacto de la pesca ilegal, a nivel global se estima que la pesca INDNR sustrae 26 millones de toneladas al año, valoradas en aproximadamente 23 mil millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 15% de la producción mundial registrada.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, como parte de la Comisión Interinstitucional de Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada de Panamá, la ratificación de este acuerdo, representa otro paso significativo en el cumplimiento del compromiso de garantizar la gestión sostenible de recursos pesqueros y acuícolas del país.
La República de Panamá ha manifestado como una prioridad la gestión sostenible de los recursos naturales como parte de su compromiso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
