Lima, Perú.- El Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alfonso Miranda Eyzaguirre afirmó que la alerta sanitaria emitida por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) para no consumir las conservas de pescado provenientes de la empresa conservera Tropical Food Manufacturing de China es un paso muy importante que da para controlar el ingreso indiscriminado de importaciones de pescado congelado y en conservas a nuestro país y que podría convertirse en un grave problema de salud pública.

Al respecto, informó que las denuncias que existen en las diferentes administraciones sanitarias del mundo, dan cuenta de una serie de peligros que contienen los productos hidrobiológicos de algunos países asiáticos que van desde presencia de metales pesados, mercurio, parásitos, sustancias extrañas, histamina (falta de frescura) y fallas en el cierre de las conservas.

“Urge que se haga un análisis exhaustivo sobre todas las importaciones de productos pesqueros congelados y en conservas de los países asiáticos y despejar las dudas sobre su inocuidad”, planteó.

Miranda Eyzaguirre sostuvo que el Estado tiene el derecho y la obligación de tomar todas las medidas precautorias en salvaguarda de la salud de los peruanos y debe suspender la importación de productos pesqueros de los que se sospeche que puedan generar riesgos sanitarios.

“Es muy importante que la opinión pública en general esté informada sobre los avances de esta rigurosa investigación”, agregó el dirigente empresarial.

Pierde competitividad

Al referirse en torno a las conserveras peruanas que operan en desventaja a las conservas de pescado importadas de los países asiáticos, señaló que la Sociedad Nacional de Industrias ha expresado su preocupación por la pérdida de competitividad del Perú y se refleja en el ranking mundial del WEF (World Economic Forum) que ubica a nuestro país en el puesto 72 y en algunos rubros en el lugar 116 de 138 países.

“Somos mucho menos competitivos en pesca y acuicultura que países como Indonesia, Vietnam, Tailandia, India y China que crecen aceleradamente, así como de países de la región. En consecuencia, vamos a trabajar con el gobierno una propuesta para ser más competitivos, eliminar sobre costos y barreras burocráticas”, indicó.

Adicionalmente, el representante de la SNI insistió que debe haber un estricto control sobre las importaciones de estos productos en materia de sostenibilidad pesquera y ambiental, cumplimiento de las leyes laborales y de derechos humanos, normatividad sanitaria y control de dumping.

En cifras

En 2016, Perú importó pescado por US$290 millones de dólares que han ido creciendo de 184 millones de dólares en 2014, vale decir un aumento de 58% en 2 años, de los cuales, 112 millones son en congelados y 80 millones son en conservas.

“Nuestro país importa 140 millones de kilos de pescado al año, pero otros estados restringen las importaciones para que sus industrias tengan un refugio para sus productos en tiempos de crisis y poder dar trabajo a cientos de miles de pescadores y obreros”, afirmó.

Al respecto, expresó su confianza que el sector pesquero y acuícola para consumo humano pueda competir sin desventajas en nuestro propio país.

Miranda Eyzaguirre, dijo que teniendo en cuenta que la industria pesquera para consumo humano pasa unos momentos de extrema debilidad y se tiene que hacer un esfuerzo en una fuerte y decidida promoción.

“Dada la magnitud de las importaciones y las evidencias de problemas sanitarios en las mismas, nos reafirmamos en nuestra recomendación de cerrar las importaciones de pescado hasta tener la certeza que nuestros controles garantizan la salud de los peruanos, especialmente de los más pobres”, planteó el titular del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias.

Finalmente, se refirió a la sanción aplicada contra Certificaciones del Perú S.A. (CERPER) y manifestó que sea cual fuere la entidad de apoyo que sea detectada por SANIPES, la SNI coincide con la autoridad sanitaria en que debe aplicarse todo el rigor que permitan las leyes a quienes cometan una infracción calificada de muy grave, por aprobar erróneamente los ensayos que permitan el ingreso de conservas o cualquier otro producto, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores.